PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA PERUANA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La situación vulnerable del pueblo Asháninka
El pueblo Asháninka, el más numeroso de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana (alrededor de 55.000 personas), es quizá el grupo étnico que ha enfrentado la mayor violencia y despojo de su territorio. Si bien otros pueblos indígenas soportan situaciones de vulnerabilidad, incluyendo los ashéninkas, Yanesha, Piro, Nomatsiguenga, Matsiguenga y Shipibo-Conibo en la Selva Central, se decidió dar particular atención en el marco del presente Proyecto a un análisis de la situación de las comunidades Asháninkas.
A. Antecedentes
El hábitat de los Asháninkas abarcaba originalmente las provincias de Chanchamayo y Satipo, el valle del Perené, el del Pichis, los valles de los ríos Ene y Tambo hasta el alto Ucayali y el Gran Pajonal. Sin embargo, su territorio ha sido drásticamente reducido. Especialmente a partir de la segunda mitad del último siglo y durante el presente siglo, la Selva Central se convirtió en una codiciada zona económica para diversas empresas, la inmigración europea de colonos agricultores, la colonización desde la sierra y el comercio. El Estado y la sociedad peruana, a partir de la Presidencia del General Ramón Castilla en 1845, tomaron medidas para promover la ocupación de los espacios tradicionalmente habitados por los Asháninkas, Yanesha y otros pueblos indígenas de la selva, con especial interés en la región de Chanchamayo. Se perfilaron incentivos para la colonización con población nacional de la Sierra y con campesinos europeos. Otro ejemplo de esta política fue el otorgamiento en 1891 a la Peruvian Corporation Ltd. de 2 millones de hectáreas en la cuenca de varios ríos de la Selva Central (Perené, Ene, Tambo, Pichis, Pachitea y Ucayali) para el establecimiento de colonias.
Si bien la colonización espontánea o incentivada por el Estado llegó a constituirse, en las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente, en un gran factor de perturbación de los Asháninka y de reducción de sus espacios tradicionales, sin duda, el más impactante y nefasto fue la explotación cauchera. Sólo en la cuenca del río Putumayo, que comparten Colombia, Perú y Ecuador, pudieron morir por efecto de las explotaciones caucheras entre 30 y 40 mil indígenas, el 80% de su población. Aunque el territorio de los Asháninka no era particularmente rico en caucho, éstos fueron presionados y perseguidos como mano de obra por los empresarios del reclutamiento forzado, a través de las denominadas 'correrías, contra la cual los Asháninka contrapusieron acciones de defensa y de respuesta que ocasionaron frecuentes bajas a sus perseguidores.
A pesar de la resistencia de los indígenas contra la colonización y la actividad extractiva de recursos de sus territorios, ya en 1914 el Valle del Perené estaba ocupado por 14 mil colonos y en el año de 1938 cerca de dos mil Asháninkas trabajaban como asalariados de los colonos o empresarios advenedizos. Con el transcurso de los años, estos nuevos ocupantes no sólo consiguieron incorporar en parte a la población Asháninka al mercado de trabajo asalariado, sino que avanzaron en la ocupación de cada vez más tierras y en la obtención de títulos legales.
Durante la década del cuarenta tuvieron lugar desplazamientos de la población hacia la selva alta, presionados por la colonización, estableciéndose principalmente en Jaén, Huánuco, el Perené, Oxapampa y Madre de Dios. La migración a la Selva Central se hizo intensa al comenzar la segunda mitad del siglo, en especial después de que se construyó la carretera Marginal. Las cifras censales del año 1961 ya señalaban para la Región una población no indígena o de origen foráneo equivalente al 23% del total.
B. El proceso organizativo del pueblo Asháninka
Se ha escrito mucho sobre la falta de unidad del pueblo Asháninka, sin embargo, es necesario corregir esta falsa imagen. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, la categorización oficial de 'comunidades nativas' para su titulación de tierras y previo reconocimiento como comunidad registrada fue una experiencia impuesta de una concepción andina de la comunidad. Antes de este proceso de organización en comunidades, los Asháninkas ocupaban de manera dispersa las orillas y quebradas de los ríos de la Las selva alta en asentamientos dispersos de grupos de parentesco. Este patrón de asentamiento contrastaba con la de los asentamientos indígenas de otros pueblos en la selva baja como, por ejemplo, los Shipibos, que habitaban en núcleos más densamente poblados a orillas de los ríos y lagunas especialmente ricos. Sin embargo, como estos y otros pueblos, los Asháninkas se interrelacionaban entre sí por ríos o zonas ribereñas, con un alto grado de movilidad espacial, además, dentro del bosque y áreas de cultivo itinerante, por las condiciones del suelo.
A partir de los años 50 los Asháninkas lograron que se establezcan escuelas (bilingües) en diversos lugares que llegaron a constituirse en 'núcleos poblacionales' o 'centros poblados' de mayor densidad. En los años 70, cuando se inició la titulación, dichos centros sirvieron de base territorial para el reconocimiento de las comunidades. El propio proceso de titulación contribuyó al fortalecimiento de la comunidad como organización y la creación de federaciones (organizaciones inter-comunitarias) de quebradas o valles ribereños. Antes de la violencia de fines de los años 80, en la mayoría de estos valles ribereños los Asháninkas estaban organizados en federaciones. La violencia senderista o del MRTA no desarticuló propiamente a estas organizaciones, si bien la muerte de muchos de sus líderes y la persecución de otros retardó su capacidad de respuesta especialmente en el río Apurímac, el Tambo y el Ene.
Actualmente existen 9
federaciones del pueblo Asháninka que han logrado fortalecerse durante los
últimos años. En este contexto vale la pena mencionar que varios líderes de
federaciones han ganado elecciones municipales en distritos, por ejemplo, Puerto
Bermúdez y Atalaya. Por otro lado, surgió la Comisión de Emergencia Asháninka
(CEA), que aglutina a los desplazados Asháninkas y comunidades hermanas en un
efectivo proceso de formulación de reclamos y demandas a las instancias
estatales, apoyada por las 9 federaciones. Y más recientemente, se ha creado el
Consejo de Unificación indígena de la Selva Central (CUNISECP). Las principales
demandas que formulan las federaciones, la Comisión y el CUNISECP son la defensa
territorial, la creación de varias reservas comunales, la titulación definitiva
de aquellos expedientes que se encuentran aún en trámite y de otras comunidades
que reclaman una ampliación de tierras, así como la dotación de mayor
infraestructura (escuelas, maestros bilingües, postas sanitarias) y apoyo
técnico y financiero para proyectos productivos.
C. Situación territorial
A través de la historia, los Asháninkas han luchado por defender su territorio y preservar su cultura, la cual en gran parte depende de la posibilidad de contar con territorios suficientes y terrenos de calidad adecuada para su subsistencia. Desde mediados del siglo XIX hasta el año 1974 (cuando se adoptó el Decreto Ley 20653), la protección legal de las tierras indígenas amazónicas era prácticamente inexistente. En cambio se promovieron leyes para estimular la ocupación y titulación de tierras en favor de empresas, migrantes europeos y colonos andinos. El deterioro de la calidad de vida y actual vulnerabilidad del pueblo Asháninka (válido también para otros pueblos indígenas colindantes y de otras áreas amazónicas) se origina en gran medida con el desmembramiento de su territorio y la depredación ecológica por parte de otros actores económicos.
Cuando se inició la titulación de las comunidades nativas a partir de 1974 (y a pesar de la modificación en 1978 que se adoptó el DL 22175), las tierras de numerosas comunidades eran muy reducidas. Tomando, por ejemplo, el caso de las provincias Chanchamayo (sus distritos Chanchamayo, Perené y Pichanaki), Satipo (especialmente los distritos de Mazamari, Coviriali y Llaylla) y Oxapampa (distritos de Oxapampa y Villa Rica) --áreas que habían sido fuertemente afectadas por la colonización-- se puede observar lo siguiente:
· Las comunidades ya estaban 'atomi-zadas' en espacios no contiguos y constreñidos por las propiedades circundantes.
· La extensión de las tierras comunales y, por lo tanto, el acceso para cada familia era reducido. Es decir, ya no contaban con la posibilidad de un manejo territorial integral conforme a sus conocimientos del bosque y su entorno como un hábitat que les garantizara mejores condiciones de vida.
La extensión promedio por familia (Asháninka y Yanesha) en la provincia Chanchamayo es 17.9 has. (incluyendo áreas dadas en propiedad y en uso); en los tres distritos de la provincia Satipo es 23.7 has.; y, en los dos distritos de la provincia Oxapampa es 61.9 has.
A algunas comunidades de los distritos Chanchamayo y Perené (provincia de Chanchamayo) sólo se les otorgó 100 hectáreas. Por ejemplo, a una comunidad de Chanchamayo de 11 familias, 77 personas, se concedió un total de 106.5 has., de las cuales 71.7 has. fueron otorgadas en propiedad con título (aptas para uso agrícola, cultivo permanente y pastos) y 34.8 has. cedidas en uso (forestal y de protección). A otra comunidad del distrito Perené, de 18 familias, 126 personas, se le concedió 102.5 has., de las cuales 50.7 has. eran otorgadas en propiedad con título y 51.8 has. cedidas en uso.
El proceso de titulación en estas áreas fue relativamente temprano, en su mayoría impulsado entre 1974 y 1984, cuando existía una política gubernamental promotora, la cual, además, contribuyó a fortalecer las organizaciones comunales.
En cambio, se observa que en otros distritos de las provincias Satipo (Pangoa y Río Tambo), Oxapampa (Puerto Bermúdez) y Atalaya (Antonio Raymondi y municipalidad encargada en el Gran Pajonal), la extensión con dominio territorial por comunidad y familia ha sido significativamente mayor.
En los distritos Pangoa y Río Tambo (Satipo), el área por unidad familiar es en promedio 51.7 has. (incluyendo las tituladas y cedidas en uso); en Puerto Bermúdez (Oxapama), población Yanesha, el promedio es de 196.9 has.; en el distrito Antonio Raymondi (Atalaya, Alto Ucayali) es de 352.1 has.; y en el Gran Pajonal, población Ashéninka, es de 289.6 has.
En las áreas donde la colonización era aún reducida y las federaciones indígenas asumieron un rol activo en defensa y titulación de sus tierras, las comunidades lograron una mayor extensión de tierras; así, existen comunidades con título de dominio territorial desde 545 has. (243 has. tituladas en propiedad y 302 cedidas en uso) hasta otras con 58,504 has. (39,133 has. en propiedad y 19,371 has. cedidas en uso).
Un caso extremo fue el de varias comunidades del Alto Ucayali, en que se partió de una situación de esclavitud constatada por una Comisión Oficial de alto nivel que motivó una acción concertada entre instancias gubernamentales y organizaciones indígenas, para su titulación.
La distribución de las comunidades nativas de la Selva Central, que incluyen a los pueblos Yanesha, Asháninka y Ashéninka. Se puede observar las comunidades con tierras tituladas y aquellas cuya titulación se encuentra aún en trámite. Las comunidades tituladas con menores extensiones de tierra están ubicadas en los distritos Mazamari, Coviriali y Llaylla de la provincia Chanchamayo y Oxapampa y Villa Rica de la provincia Oxapampa. Las de mayor extensión se ubican en los distritos Pangoa y Río Tambo de la provincia Satipo, Puerto Bermúdez de la provincia Oxapampa y Antonio Raymondi y Gran Pajonal de la provincia Atalaya.
Se observan los Bosques de Protección San Matías-San Carlos y Pui Pui, la Reserva Comunal Yanesha, la Reserva del Estado a favor de las poblaciones nativas nómades Kugapakori y Nahua; las propuestas de Reservas Comunales de El Sira, Vilcabamba y Pavlik Nikitine; así como el proyecto del Santuario Matshguenga Megantoni. Dichas propuestas encuentran en trámite desde hace varios años; de lograrse éstas se contribuiría a la consolidación de una importante área que garantizaría un espacio vital indispensable para el desarrollo no sólo del pueblo Asháninka en su conjunto sino también de los otros pueblos indígenas de la Selva Central.
D. Violencia
Desde comienzos de la década de los años sesenta, los Asháninka han tenido que enfrentar la violencia de grupos insurgentes armados. El primero fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR, a mediados de los años sesenta, que utilizó la Selva Central y del Sur como áreas de base de irradiación foquista, de refugio o repliegue. Durante la década de los 80 e inicios de los 90, la Selva Central fue un territorio que Sendero Luminoso-SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru-MRTA se disputaron de manera violenta.
Al llegar las Fuerzas Armadas al escenario ayacuchano, Sendero se desplazó parcialmente al valle del río Apurímac, habitado por colonos y Asháninkas; los primeros dedicados al cultivo de la coca. Los senderistas pretendían ampliar su dominio territorial buscando apoyo de los productores cocaleros, y establecer 'zonas liberadas', donde experimentaron sus 'comités populares abiertos' o 'bases de apoyo'. Alrededor de 1983, Sendero inició una campaña de espe- cial virulencia contra los Asháninkas, para desalojarlos de su territorio y favorecer la ocupación de colonos productores de coca, presentándose como defensor de este cultivo frente a campañas de erradicación de las fuerzas policiales especializadas (UMOPAR). Sendero negociaba el precio de la coca y pasta básica con los narcotraficantes, a fin de obtener apoyo y cobertura. Sendero consideró el valle del río Apurímac como una zona estratégica para su movilización desde y hacia la sierra de Ayacucho y el valle del Mantaro.
Sendero incursionó por el río Anapati la zona de Satipo a partir de 1988 y poco tiempo después, el valle del río Tambo. Las comunidades Asháninkas de las riberas fueron impactadas por una ola de violencia que las obligó a desplazarse hacia zonas altas o a comunidades hermanas. Además, la presencia de productores y traficantes cocaleros en la zona generó una situación de ocupación y despojo: "La irrupción de Sendero Luminoso en la vida cotidiana del pueblo Asháninka originó una 'situación de conflicto'. Su clara intención de destruir, frustrar y controlar a la población ... rompió entonces su equilibrio natural e inició una amenaza vital hacia su identidad cultural" (Rodríguez Vargas, 1993). Las comunidades fueron desalojadas de sus territorios, perdieron un gran número de vidas, cultivos, viviendas y animales domésticos. Sin embargo, vale la pena destacar que mantuvieron su organización social, sus formas de autogobierno y su determinación de defender su identidad y territorio.
Las comunidades de los distritos de Pangoa, Satipo y Río Tambo (valles de los ríos Ene y Tambo) fueron objeto de la mayor violencia y ataque senderista. El propósito, entre otros, fue despoblarlas y estimular invasiones de colonos productores de coca. Con esta medida pretendían ampliar su base social, como intentaron en el Alto Huallaga y Aguaytía.
La presencia de Sendero y el MRTA obligó a las comunidades Asháninkas a organizar una respuesta sistemática de rechazo a la violencia y a establecer mecanismos de vigilancia y control permanente para asegurar su propia supervivencia. La muerte, dispuesta por el MRTA, del dirigente Asháninka Alejando Calderón en diciembre de 1989, determinó el levantamiento de las comunidades de la vertiente del Pichis. Posteriormente organizados como 'Ejército Asháninka' asumieron la tarea de expulsar al MRTA del territorio de las comunidades afectadas e inclusive de pueblos como Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución y Puerto Inca.
En los años siguientes, otras comunidades crearon sus propias Rondas o Comités de Autodefensa. Así por ejemplo, debido a que en 1990 Sendero Luminoso controlaba prácticamente la totalidad del río Ene y buena parte del Alto Tambo, desde 1991 los Asháninkas de estas regiones, organizados en su autodenominado 'Ejército Asháninka' u 'Ovayerite', lograron rescatar varios miles de personas cautivas y recuperar espacios territoriales controlados por Sendero y cocaleros. Posteriormente, en el Apurímac, Ene y Satipo se constituyeron grupos defensivos denominados Rondas o Comités de Autodefensa a partir de la experiencia de la sierra ayacuchana. En el Gran Pajonal, Sendero no pudo ingresar por las características más abiertas de esa meseta y por la oposición organizada del pueblo Asháninka.
El 'Ejército Asháninka' fue una respuesta autónoma de las desprotegidas comunidades Asháninkas. Más tarde, con la presencia del Ejército y la Marina, se constituyeron Rondas o Comités de Autodefensa que recibieron apoyo en armas y municiones y coordinaron acciones. En este contexto el pueblo Asháninka cumplió funciones que corresponden usualmente al Estado.
El pueblo Asháninka ha pagado un precio muy alto. Murieron entre 3.500 y 5.000 en los ataques de Sendero o por desnutrición o enfermedades en el acuartelamiento forzoso a manos de dicho grupo, se desplazaron 10.000 personas (50 comunidades) en los valles de Pangoa, Ene, Tambo, Bajo Perené y Apurímac (CEA, 1995). Los 4.000 Asháninkas que todavía se encontraban a mediados de 1995 en situación cautiva, fueron en su mayoría rescatados por el Ejército Asháninka y las rondas nativas.
La violencia aún está presente
por la insurgencia senderista o porque se desarrolla un 'narcoterrorismo' no
siempre identificable como senderismo. Hay espacios que fueron desocupados por
los Asháninkas y que ahora, al intentar retornar a sus comunidades, encuentran
que sus tierras han sido invadidas por grupos de productores cocaleros.
E. Comunidades Desplazadas
La mayor parte de la población sustraída o escapada de la influencia de Sendero, entró provisionalmente a buscar asentamiento en los llamados 'núcleos poblacionales' o comunidades que han recibido a los refugiados mientras se creaban las condiciones de seguridad y aprovisionamiento de comida para conseguir su restablecimiento en las comunidades de origen. Los núcleos más importantes, por el volumen que han alcanzado en el número de refugiados, han sido los de Cutivireni y Valle de Esmeralda en el río Ene, Puerto Ocopa, Poyeni y Betania en el río Tambo; Matereni, Río Berta y Boca Kiatari en el valle de Pangoa, entre otros. En menor grado, se desplazaron a capitales distritales como San Ramón de Pangoa y Satipo.
En los núcleos poblacionales se reunieron cientos de nativos procedentes de diferentes comunidades nativas, antes muy alejadas y casi desconocidas entre sí En este contexto, las características propias de la vida Asháninka tradicional fue completamente alterada. Se presentó un verdadero estado de hacinamiento y, por consiguiente, escasez de alimentos y problemas de salud (especialmente desnutrición). De hábitos seminómadas se vieron obligados a ser completamente sedentarios; no tuvieron la posibilidad de conservar los hábitos alimenticios tradicionales, pues no hay condiciones para la caza, la pesca o la agricultura. Los ronderos debieron repartir su tiempo entre el cumplimiento de sus turnos de vigilancia y las labores de autosubsistencia.
La llegada a los núcleos muchas veces representó un choque cultural para la población nativa, considerando el nuevo sistema de organización local, el trabajo comunal, las ollas comunes, las formaciones y prácticas paramilitares, etc. La presencia de militares, con prácticas culturales totalmente distintas, también contribuyó a una situación de zozobra e inseguridad de campamento.
Las comunidades 'receptoras', constitituidas en núcleos poblacionales de desplazados, vieron repentina y progresivamente crecer su número de habitantes, llegando a ser hasta cuatro veces mayor; de las 300 o 400 personas que habitualmente los conformaban, hoy en ocasiones sobrepasan las mil. La composición poblacional más alta está representada por mujeres y niños, viudas y huérfanos. Hay un déficit considerable de hombres y de jóvenes de ambos sexos, porque han muerto a manos de los subversivos o están en poder de ellos.
Un problema adicional que vulnera el ejercicio de sus derechos ciudadanos y su protección, inclusive para transitar o efectuar trámites, es la falta de documentos de identidad y certificados que se perdieron durante la violencia o a raíz de que los registros civiles fueron destruidos por Sendero Luminoso.
Entre tanto, los territorios abandonados por los Asháninkas se hallaron en peligro por la ocupación que de ellos hacen los colonos, los narcotraficantes y los explotadores de madera.
En el estudio sobre los desplazados Asháninka, se destacan importantes diferencias entre éstos y la situación y características de los desplazados de la Sierra peruana y de los desplazados en otros países. Fenómenos socio-políticos como las guerras internas en un país, han ocasionado la figura migratoria del desplazado.
Los desplazados migran de manera compulsiva, generalmente para salvar su vida, sin estructurar una estrategia primaria como migrante. Al trasladarse en busca de su seguridad, los desplazados generalmente cambian radicalmente su hábitat y se someten a las condiciones inhóspitas del lugar de destino. Por esta razón son sujetos de atención de programas de emergencia, que les permitan sobrevivir contando con un mínimo de alimentación, vivienda, medicinas y ropa. Cuando los desplazados se trasladan a otro hábitat y viven dispersos en las comunidades o pueblos receptores, sufren un choque cultural que dificulta su proceso de inserción socio-laboral, el que se agudiza cuando existen diferencias idiomáticas. Este desplazado prototipo, con el tiempo y gracias a su inteligencia y esfuerzo, se va socializando e incorporando patrones de comportamiento y aspiraciones de la cultura receptora, despertándole el interés de permanencia definitiva en el lugar de destino.
Cuando el fenómeno del desplazamiento compromete a segmentos significativos de la población desde el punto de vista de volúmenes poblacionales, los gobiernos priorizan su atención de estos desplazados dentro de sus políticas de corto plazo, diseñan programas de emergencia y orientan recursos nacionales e internacionales. Estas acciones, no siempre responden a estrategias adecuadas para la población desplazada.
Los desplazados, superados los primeros momentos de angustia al salir de su lugar de origen, se agrupan y recrean formas organizativas, tanto para la mejor convivencia en su lugar de destino o refugio, como para demandar o recibir la ayuda que se les preste, o para articularse a las otras organizaciones locales. Hay múltiples experiencias que demuestran la eficacia de estas organizaciones y la capacidad para encontrar vías o respuestas propias a la escala de sus necesidades. En la generalidad de los casos, los desplazados reconocen que su estatus es transitorio y por tal razón demandan ayuda para trabajar y reinsertarse lo más productivamente posible a la nueva sociedad que los acoge o para reasentarse en su lugar de repoblamiento.
Los desplazados despiertan sentimientos contrapuestos en la población local que los recepciona. Se explican estos comportamientos, sobre todo en sociedades donde los niveles de pobreza son crecientes, y los desplazados son sujetos de atención y apoyo, aunque sea precariamente. En un caso, se despierta el celo y envidia por la ayuda recibida, en otros el desprecio y la marginación. De esta forma el desplazado se convierte en la última categoría social, despreciada aún por los pobres. Otro comportamiento frecuente en la población pobre es el 'convertirse' en desplazado para ser merecedor de los beneficios, tanto durante su permanencia en el lugar de destino como en el futuro retorno o repoblamiento.
El fenómeno del desplazamiento comporta dos momentos sociales muy importantes, el referido a la salida del lugar de origen y el del retorno o poblamiento en un tercer lugar. Al igual que en el proceso de partida, el retorno pasa por condicionantes individuales, familiares, comunales o grupales que responden a expectativas sociales, económicas o políticas de la población retornante. Además, este proceso esta condicionado por la voluntad política de los gobiernos y la acción de los organismos privados de apoyo a este tipo de poblaciones. Cuando no se produce una confluencia de intereses entre estos actores sociales, el retorno se torna caótico, desequilibrado y muchas veces injusto para los más afectados.
Dentro de este cuadro general, el desplazamiento en el caso peruano tiene matices y variantes, en función de las características socio-económicas del desplazado, de su lugar de origen y de la percepción política de los organismos de apoyo con relación al grupo de desplazados. A lo anterior se suma la gama de posibilidades que se combinan con las formas de migración tradicional, provocadas por la cercanía geográfica del conflicto interno, que precipita una decisión migratoria o la orientación a un lugar de destino previamente elegido por los antiguos migrantes miembros de esa familia.
De igual forma, el retorno cobra formas y modalidades que varían en función del grupo del que se trate. Un desplazado rural o de un pequeño centro urbano que ha tenido como lugar de destino una de las grandes ciudades, donde ha logrado socializar intensamente, posiblemente prefiera permanecer en su nuevo destino y no retornar o hacerlo temporalmente si es que hay algún bien o propiedad que no desea perder. La casuística internacional no muestra retornos masivos exitosos, con esta condición de desplazado.
La composición de la población desplazada, en un alto porcentaje, está conformada por mujeres y niños o jóvenes en temprana edad. Las primeras, justificarán su permanencia en aras de estar al lado de sus hijos para que estos sigan disfrutando de los servicios de educación y salud que no disponían en su lugar de origen. Los segundos, posiblemente se hicieron jóvenes y aspiran a una vida 'más moderna' o quizás formaron familia y hoy tienen una obligación para con sus recientes hijos. Esta característica es muy frecuente en la población desplazada de origen andino. Las condiciones de vida en sus lugares de origen, son tremendamente expulsoras de población, en tanto no solamente no les ofrece el acceso a los servicios básicos sino que tampoco les abre las puertas al mercado laboral. Frente a esta situación de vieja data, la guerra interna sólo fue el detonador de una situación insostenible.
El caso de los desplazados amazónicos y particularmente los Asháninkas de la Selva Central del Perú, no responden, en su totalidad, a las características del desplazamiento antes mencionadas. Frente a la guerra interna y a las mafias del narcotráfico, resistieron a las hordas invasoras hasta el límite de sus fuerzas, perdiendo muchas vidas, en el intento de permanecer en sus territorio. Cuando tuvieron que trasladarse, se 'protegieron' dentro de su propio territorio, concentrándose en las comunidades y asentamientos de sus hermanos nativos, con el propósito de retornar apenas se den el mínimo de condiciones de seguridad. El llamado desplazado Asháninka no busca socializar en un medio distinto al de él. Su cultura y cosmovisión de la vida le permite reconocer el valor de los elementos fundamentales que la naturaleza amazónica y su territorio comunal le brinda.
Por oposición, en la lógica del desplazado andino que migra, se busca no sólo la protección de la familia sino también --y tal vez aunque de manera no estructurada conscientemente-- la de conseguir mejores opciones de vida, que él considera a su alcance en el mundo urbano. El desplazado amazónico reconoce que el mundo urbano o rural andino es muy ajeno a su realización familiar, razón por la cual, apenas se informa que existen las condiciones para el retorno, se organiza con su comunidad para efectuar dicha tarea. Esta característica diferencial permite pensar que el fenómeno del desplazamiento amazónico es temporal y tiene una alta vocación al retorno.
Se observa el intenso desplazamiento de las comunidades Asháninkas por efecto de la violencia. El proceso de retorno de las comunidades desplazadas, destacándose el considerable número de éstas que han logrado reconstituirse, en gran medida por esfuerzo propio. Además, se observa que diversas comunidades se encuentran aún en proceso de retorno y que otras aún no han logrado iniciarlo, por inseguridad.
F. Los programas de apoyo a los desplazados
La situación de marginación y abandono en el que viven los pueblos indígenas amazónicos, con relación a los beneficios y servicios ofrecidos por los gobiernos, ha hecho que ellos tengan poco conocimiento y en consecuencia poca fe en la capacidad institucional de los servicios estatales. Para entender cabalmente la situación actual hay que partir de este antecedente, que genera un clima de desconfianza mutua. Esta situación demuestra que no se han hecho los esfuerzos necesarios para comprender el marco cultural en el que se desenvuelven los pueblos indígenas. Las acciones, programas y estrategias que se aplican tanto por parte del Estado como de los organismos privados de fomento al desarrollo, deberán partir de este conocimiento, sino corren el riesgo de sembrar falsas expectativas, fracasos o mayores conflictos. Aún cuando hayan sido bien pensados en la lógica urbana o andina, no son de aplicación automática en el ámbito de la Amazonía.
La falta de una atención estatal y de una comprensión de la sociedad peruana en su conjunto es especialmente notoria en relación con los Asháninkas, un pueblo que se ha sacrificado por defender a su país y la integridad territorial de la Selva Central frente a la violencia. Es un pueblo que, además, rehusa ser comprado para involucrarse en el narcotráfico o la producción ilegal de cultivos de la coca. Ambas razones, de por sí, darían lugar al diseño de una política prioritaria de apoyo a sus derechos territoriales como la mejor manera de garantizar una presencia viva y perdurable de estos ciudadanos. En este sentido, los Asháninkas representan un microcosmo de la situación vulnerable que enfrentan los otros pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
1. El Programa de Apoyo al Repoblamiento, PAR
El PAR es un organismo descentralizado que fue creado en octubre de 1993 en el marco de la pacificación, inició sus actividades a mediados de 1994. La Oficina zonal de Huancayo fue establecida en febrero de 1995 y su oficina local de Satipo se creó recién a fines de 1995. Antes dependiente del Ministerio de la Presidencia, el PAR ahora forma parte del Ministerio para la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMUDEH).
El objetivo del PAR es brindar las condiciones Mínimas a la población retornante y servir de nexo entre el Estado y las comunidades beneficiarias. Con ellas elaboran los 'expedientes técnicos' y de esta forma aseguran participación popular.
Como mecanismo de coordinación al interior del aparato del Estado han creado los comités multisectoriales a nivel departamental. Hasta la fecha, el financiamiento y atención del PAR ha estado concentrado en la situación del desplazado andino. Actualmente cuenta con alrededor de US$ 50 millones de financiamiento y recientemente se ha formulado el "Programa para un Millón de Campesinos". Como reconocen sus propios funcionarios, se ha dado muy poca atención a la situación específica de las comunidades de desplazados Asháninkas.
Se han realizado algunas actividades puntuales de atención de emergencia o de 'acción cívica'. Estas últimas consisten en un acto de convocatoria a varias comunidades de desplazados para la entrega de alimentos, uniformes, útiles de labranza y brindar servicios de salud. A dichos actos asisten autoridades regionales, locales y del gobierno central, contándose, además, con el apoyo y seguridad de parte del Ejército. Las organizaciones Asháninkas y las autoridades sectoriales demuestran un interés en coordinar acciones; sin embargo, los representantes indígenas insisten que hasta ahora éstas tienen un carácter simbólico o son insuficientes y no se atienden ni las necesidades urgentes de emergencia, ni las productivas para asegurar su retorno y viabilidad económica.
Asimismo, destacan que en cuanto a las acciones del PAR en la Selva Central, se han efectuado acciones de retornos organizados de campesinos andinos que no siempre corresponden a familias de colonos que estuvieron previamente asentados en el área. Perciben que el PAR, quizás de manera no explícita, pero por falta de una perspectiva a largo plazo o personal técnico debidamente familiarizado en cuanto a las necesidades y desafío que plantea la situación esencialmente diferente del desplazado Asháninka, se está fortaleciendo un proceso de consolidación colonizadora.
Dicho proceso estaría, además, ocurriendo en un contexto de colonización 'espontánea' (no necesariamente atribuible a acciones estatales explícitas), al haberse reducido actualmente en forma significativa la presencia de grupos insurgentes armados. Sin duda, la penetración de nuevos colonos (andinos) es un factor que perturba las condiciones de retorno y asentamiento de los Asháninkas en sus comunidades y pone en serio riesgo sus tierras.
En este sentido, el PAR debería establecer con toda claridad una política de apoyo prioritario al desarrollo participativo de las comunidades Asháninkas, así como revisar su política de promover 'retornos' de poblaciones organizadas de colonos, salvo que éstos tengan antecedentes debidamente comprobados de haber habitado previamente la zona. De esta manera, el PAR y las otras instancias estatales con las cuales se coordinan acciones, contribuirían al desarrollo sostenible de la Selva Central y asegurarían que no se generen futuros conflictos.
Quizá es poco afortunado que el PAR, como su nombre lo indica, sea un programa de 'repoblamiento', cuando en realidad se trata de 'reinserción'. El objetivo debe ser facilitar el retorno y apoyar el proceso de recomposición del tejido social comunitario por parte de los retornantes, locual supone también una incorporación a la vida productiva en un determinado espacio socio-económico.
Por contraste, el repoblamiento es una categoría que alude a llenar un espacio, un vacío. En el caso de la Amazonía, dicho vacío no existe.
2. FONCODES
FONCODES, creado en agosto de 1991, en el marco de una estrategia social destinada a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, ha desarrollado una intensa actividad en numerosas áreas donde se evidencian necesidades básicas insatisfechas, tales como carencia de agua potable, desagüe, energía eléctrica, vivienda, desnutrición infantil, analfabetismo.
La Selva Central no ha recibido de FONCODES lo que proporcionalmente le correspondería; pareciera que todavía no ha alcanzado la prioridad que requiere por sus niveles de pobreza y marginación social.
La violencia ha dificultado la presencia de instituciones como ésta, para dotar de servicios básicos e infraestructura para incentivar la producción en la Selva Central y lo poco que se ha hecho hasta la fecha, no ha merecido una estrecha coordinación con las organizaciones Asháninkas. Una lectura muy mecanicista que denota desconocimiento de la cultura indígena, es la que rechaza trabajar con las organizaciones regionales o federaciones porque entienden la participación como la articulación exclusiva con las comunidades o población de base. Para el caso amazónico, las comunidades a veces son tan pequeñas que no superan diez o quince familias. Este enfoque no puede ser válido para los pueblos indígenas que reclaman una atención integral dentro de un concepto de unidad territorio-población.
3. Otras instituciones estatales
Además de estos programas especializados de lucha contra la pobreza y apoyo al desplazado, se encuentran las acciones sectoriales que tienen sus respectivos planes de inversión y sus propias prioridades de acción en la Selva Central. Lo que se puede constatar es que todavía no hay mecanismos efectivos de acción concertada dentro del aparato del Estado, los esfuerzos del PAR son recientes y aún débiles, y la acción del FONCODES es aún incipiente en la Selva hasta la fecha. Los gobiernos locales no están preparados ni equipados para tener un rol protagónico. Un indicador positivo, es que los Asháninkas y otros pueblos indígenas cuentan con varios alcaldes propios (indígenas) que han sido elegidos en las últimas elecciones municipales, y que buscan apoyo para ejecutar obras prioritarias, coordinando con sus propias organizaciones.